El escritor e intelectual italiano Umberto Eco se ha referido en varias ocasiones al hecho de que Internet, como fuente extraordinaria de información, contiene un peligro que subyace a todo lo que se publica en la red: la credibilidad. Si buscamos información en google, por ejemplo, encontramos una vasta cantidad de referencias cuya veracidad es difícil de contrastar. Tal abundancia de recursos informativos convierten a la red en inabarcable, y desde un principio parece que los ciudadanos nos sentimos seducidos por la idea de encontrar cualquier información que precisemos en tan solo unos milisegundos, sin darnos cuenta de que lo que prima un buscador es la cantidad, no la calidad de la información.
Al mismo tiempo, el mismo hecho de que las fuentes en Internet sean tan diversas, produce la ventaja de la posibilidad, casi inmediata, de cotejar la información que sobre cada hecho publican esas distintas fuentes. Cuéntame cómo lo cuentas y te diré quién eres, o a quién favoreces. Los telediarios, periódicos y medios de comunicación no van a ir en contra de la mano que les da de comer, tampoco en Internet, mientras que el ciudadano observa cómo los medios de comunicación de masas, también los digitales, tratan de contarle medias verdades, es decir, las peores de las mentiras. Por tanto, ante un hecho establecido, ¿qué información nos creemos?
Ante una sociedad llamada democrática y libre, en la que las decisiones que toman los ciudadanos dependen de lo que se les cuenta, y de cómo se cuenta, la soberanía popular se reduce a la mínima expresión puesto que sólo acudimos a votar cada cuatro años para elegir unos representantes que nos van a mediatizar la información que nos den a través de medios de comunicación sesgados hacia intereses empresariales ajenos a los de la mayoría de la sociedad. El caso del intercambio de archivos a través de las redes p2p ha sido analizado por al abogado sevillano David Bravo, quien demuestra, con la ley en la mano, y con información de diversas fuentes, la manipulación de la información que desde el poder se realiza para generar un estereotipo sobre los internautas que comparten legalmente archivos en la red. Como este se podrían poner multitud de ejemplos. Se habla poco, porque no interesa, de la polémica Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) que ha excluido a los licenciados en psicología de dicha ley, a pesar de lo que España debe a estos profesionales, que están a las duras (y muy duras) cuando ocurre alguna tragedia.
El problema, en mi opinión, es que el exceso de información hace que la capacidad crítica de la sociedad sea mucho más bajo de lo que sería favorable a sus intereses. Continuamos quizás como en Roma, con un pan y circo en el que nos cuelan restricciones de derechos o reducción a su mínima expresión mientras nos entretienen en los telediarios y periódicos con problemas de minorías que, aunque sean respetables y necesitan ser solucionados, ocultan la realidad de la incapacidad de uno u otro partido en el poder para resolver los problemas de la mayoría. Véase vivienda y empleo precario.
